La motivación de este artículo es la lucha que lxs compañerxs han dado en nuestras organizaciones y la impostergable importancia de que lxs jóvenes levanten las banderas por defender el agua y la vida contra la embestida del capital, desde sus múltiples formas de mercantilización, acaparación, despojo, privatizaciones y concesiones que sufren los territorios del agua vulnerando derechos y vidas para satisfacer la acumulación de ganancias y los intereses más mezquinos.
Por: Nicolás Ferreira, secretario general de la Federación Nacional de las Obras Sanitarias de Uruguay (FFOSE).

El agua no es una mercancía, y los derechos no se privatizan. Territorios sanos dan Agua sana. ¡¡Arriba las y los que luchan!!

Los pueblos que integramos el tercer mundo hemos sido históricamente conquistados por nuestra riqueza, sufriendo una cadena de explotación y expoliación ejercida por los monopolios privados, empresas multinacionales que extraen las riquezas de nuestros países, donde la política económica y las leyes les son favorables, asegurándose elevadas ganancias en forma acelerada; retirándose luego del país, dejando los rastros del despojo y la miseria.

Los gobiernos de nuestros países, pasivos a estas recetas emanadas de organismos internacionales, no hacen más que cumplir su papel de sirvientes de los países imperialistas y de las burguesías nativas pro-imperialistas; mientras lxs trabajadorxs permanecemos en la más extrema pobreza. Estas políticas que favorecen el saqueo, al mismo tiempo que degradan el agua y la biodiversidad, destruyen las comunidades que habitan los territorios con sus diferentes formas de vida y culturas. Así, desde nuestra América resistimos de múltiples formas los embates extractivistas que amenazan con destruir nuestros territorios y bienes comunes.

En Uruguay, nuestro pequeño país capitalista y dependiente, uno de los hechos que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra es el año 1992. El plebiscito impulsado por amplios sectores populares organizado contra la Ley de Reforma de las Empresas Públicas tuvo un gran significado. Esta ley de reforma de las Empresas del Estado no era más que la extranjerización de las empresas públicas ya que no existía en nuestro país capital de tal magnitud que pudiera apropiarse o competir con algún monopolio extranjero. En definitiva, la privatización se transformaba en una entrega, significaba la pérdida total del patrimonio y la merma de soberanía en los servicios públicos tan esenciales para la reproducción de la vida.

El triunfo electoral del Plebiscito significó la imposibilidad para el gobierno de privatizar las empresas públicas. De todas formas, el gobierno y las clases dominantes aliadas renovaron las fuerzas para continuar por este camino.

Un nuevo escenario de lucha en defensa del agua

El año 1995 nos marcó a fuego. El Poder Ejecutivo introdujo un artículo en el presupuesto quinquenal que habilitaba a la OSE a realizar la concesión del suministro de agua potable y saneamiento en los 18 departamentos del interior del país, con el objeto de realizar las obras de saneamiento habilitado por el parlamento.

Es así como se entregó una concesión en el año 2000 al Oeste del Arroyo Maldonado. Luego de una pujante lucha de los lugareños, junto con nuestro sindicato FFOSE, se logó frenar por casi 5 años el pasaje a la concesión. La concesión quedó al Este del arroyo Maldonado en manos de Aguas de Barcelona, filial de la Zues; y Aguas de Bilbao al Oeste del Arroyo Maldonado, consorcio integrado por Kartera Uno, Iberdrola, y Aguas de Bilbao. Ese mismo año, el gobierno concedió la gestión del servicio de agua y saneamiento por 25 años del Departamento de Maldonado a Aguas de Bilbao; anunciando la voluntad de continuar por este camino en todo el país.

Pero también ese año 2000 abre un nuevo escenario de lucha en defensa del agua y los bienes comunes, como parte de los derechos humanos fundamentales; así como también significó la defensa de nuestras fuentes laborales. Como sindicato, fuimos parte de una lucha colectiva que trasciende los límites nacionales, ya que las luchas contra las embestidas privatizadoras fueron simultáneas en el continente.

Entender al agua como un bien común es lo totalmente opuesto a ser concebida como una mercancía, por ello nuestro objetivo fue: declarar al agua superficial y al agua subterránea de dominio público-estatal; declarar el acceso al agua potable y al saneamiento un derecho humano fundamental; exigir que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento se realice anteponiendo las razones de orden social a las económicas; que el servicio de agua potable y saneamiensaneamiento deba ser prestado exclusiva y directamente por persona jurídica estatal; reclamar una política de agua y saneamiento, basada en los principios de sustentabilidad del ciclo hidrológico; reclamar la participación de los usuarios y la sociedad civil en su conjunto en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos; establecer las cuencas hidrográficas como unidades básicas para su gestión y recuperar las concesiones cedidas por el Estado uruguayo.

Con las experiencias acumuladas y el camino trazado por nuestro pueblo, a la luz de la lucha del pueblo de Cochabamba, en lo que se llamó la “Guerra del Agua” en Bolivia, ese mismo año conformamos la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), integrada por comisiones vecinales, gremios estudiantiles, organizaciones políticas, sindicales, sociales, ambientales, cooperativistas. En esta coyuntura, nuestro sindicato FFOSE junto a estas organizaciones, fuimos construyendo un camino de participación, elaborando un proyecto de reforma constitucional que nos permitiera asegurar un camino de difícil retorno. El 31 de octubre del 2004 finalmente se aprobó la Reforma Constitucional del artículo 47, con un 64,7% de los votos, donde el acceso al agua y al saneamiento fue declarado derecho humano fundamental y su gestión sólo puede estar en manos públicas estatales.

La embestida privatizadora no se detiene

La Reforma Constitucional del 2004 marca un antes y un después en la defensa del Agua como bien común. La toma de conciencia en la necesidad del cuidado de las fuentes de agua dulce expresada con el voto por la ciudadanía, manifiesta el reconocimiento de que el agua es esencial para la vida; y que por su escasez y su fragilidad ante las actividades sociales y productivas, es necesario un especial cuidado para preservarla para las generaciones futuras.

Sin embargo, a 18 años del pronunciamiento popular vemos cómo los gobiernos de turno han tendido a desconocer, en beneficio del lucro y del gran capital, lo que la ciudadanía estableció en la Constitución. La promoción y ampliación de agronegocio transgénico por medio de los commodities, del cultivo de eucaliptos y pinos, sin tener en cuenta como eje de ordenamiento territorial las cuencas hídricas y los suelos de cosecha de agua, la instalación de tres plantas industriales de Celulosa, hacen pensar que lejos están de la política de aguas establecida en la Constitución. En estos últimos años nadie puede negar que la propiedad y tenencia de tierras se han concentrado y extranjerizado como nunca en la historia de nuestro país, el impacto negativo que ha causado en las fuentes de agua el cambio de la matriz productiva y con ésta el cambio del uso del suelo. El agronegocio forestal y sojero en el país ha ampliado su campo de acción a niveles nunca vistos, cubriendo una superficie inmensa de nuestro territorio y sigue en aumento.

Tanto por el uso del suelo, como por la incidencia del uso de agrotóxicos, las fuentes de aguas superficiales han sufrido un fuerte deterioro. Basta con mencionar algunos episodios de fuerte presencia de mal olor y sabor en el agua potable destinada para consumo humano. En marzo de 2013 sucedió en el Río Santa Lucía (fuente de agua que abastece a la mitad de la población del país). En el año 2015 en Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado, y en el Departamento de Canelones en la Laguna del Cisne en el 2016. También desde esa fecha se vienen registrando cada vez más eventos de cianobacterias en diferentes cursos de agua, siendo tóxicas para la salud de la población. No hay que olvidar un grave episodio que sucedió en el 2019, cuando una mega marea verde inundó toda la costa del Uruguay.

En 2017 se aprobaron las modificaciones a la Ley de Riego, a partir de las recomendaciones del Banco Mundial, ley que posibilita el acaparamiento y mercantilización de agua para riego por capitales privados. Dicha ley tiene como  objetivo favorecer y garantizar la producción del monocultivo de soja y maíz transgénico, agregando un componente más al impacto negativo en las fuentes de agua. La construcción de represas (gestionada por privados) configuran una amenaza potencial a la calidad del agua superficial, contraviniendo el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo hidrológico, contenidos en art.47 la Constitución. Así mismo, pone en riesgo el consumo humano como derecho fundamental y prioritario consagrado en la misma.

Nuestro sindicato, conjuntamente con organizaciones sociales y académicas, salimos a juntar firmas y a promover una discusión pública contra esta ley con el objetivo de conseguir un referéndum y que la ciudanía decida por el mecanismo de democracia directa sobre esta problemática. Lamentablemente, no llegamos a juntar las firmas necesarias. Sin embargo, inmediatamente recurrimos a los decretos reglamentarios ante Presidencia de la República; al no obtener respuesta, nuestra FFOSE, la CNDAV y Redes-AT presentamos un recurso de Inconstitucionalidad que se encuentra en estudio en la Suprema Corte de Justicia.

El Poder Ejecutivo en 2017 agregó un 7,3 % al incremento de la suba de tarifas de agua potable que el Ministro de Economía llamó la “Tasa Ambiental” por el grado de deterioro del agua para ser potabilizada. Esto significó un 32 % de los costos fijos2, pero lo más grave es que esta tasa ambiental la pagan los usuarios del agua potable y no los que contaminan.

La embestida privatizadora no se detiene en ninguna de sus múltiples formas y bajo cualquier gobierno de turno.

Los intereses del Poder Ejecutivo de concretar obras de infraestructura mediante una planta potabilizadora de agua en el Río de Plata, una estación de bombeo y una tubería de aductora a 80 km hacia Montevideo a efectos de abastecer de agua potable al área metropolitana, bajo la figura jurídica de “Consorcios de Capitales Privados”, denominado PROYECTO NEPTUNO, que además de construir pretende gestionar, operar y realizar mantenimiento, debemos sumarle otro anuncio de privatización del saneamiento en todo país, exceptuando Montevideo (que lo gestiona la Intendencia Municipal), mediante la creación de la Corporación del Agua y Saneamiento del Uruguay (CASU), otorgándole cuatro funciones que son potestad exclusivas de OSE.

Nuestro sindicato FFOSE alerta a la población que este hecho constituye en la práctica la Privatización del Organismo Público de OSE, en beneficio del capital privado, socializando los costos, aumentando las tarifas públicas para garantizar la ganancia de los empresarios, violentando el artículo 47 de la Constitución de la República.

El agua no es una mercancía, y los derechos no se privatizan. Territorios sanos dan Agua sana. ¡¡Arriba las y los que luchan!!