La pandemia de COVID-19 ha confirmado nuestra perspectiva sobre la necesidad de sistemas públicos de salud fuertes. Los países que los tenían fueron capaces de navegar mejor por la tormenta de la pandemia que aquellos en los que la privatización de los servicios de salud había sido más intensa. La pandemia también muestra la necesidad de poner a las personas incuestionablemente por encima de las ganancias, para lograr la atención universal a la salud

Por Baba Aye, responsable del sector de salud y de los servicios sociales de la ISP

El futuro se abrirá paso como futuro plenamente civilizado si luchamos por nuestros derechos hoy. ¡Si nos atrevemos a pelear, nos atreveremos a vencer!

Quiero empezar elogiando a lxs trabajadorxs jóvenes de la ISP de la región de Interamérica por la iniciativa de la revista La Voz. Un periódico es un instrumento político muy poderoso para la educación, movilización y organización. Aprovecho también la oportunidad para expresar mi gratitud por la invitación que me han hecho para contribuir con su tercera edición, por su atenta opción por el tema principal sobre Derechos Humanos y por el punto específico de la lucha por el derecho a la salud sobre el cual me han pedido que escriba.

Hay un relato que ha sido atribuido a Margaret Mead, que fue una respetada antropóloga cultural del siglo XX y era presidenta de la Asociación para la Ciencia Avanzada en 1975. 

Se cuenta que ella una vez les explicó a un grupo de estudiantes de la universidad que describiría aquello que consideraba como el primer signo de la civilización. Ellos esperaban que fuera algo primitivo, pero físico, como: flechas de caza, potes de barro o ganchos de pesca. Pero ella los sorprendió con su respuesta.

Margaret Mead les dijo que la evidencia más temprana de la civilización era un esqueleto de 15.000 años con un fémur recuperado que había sido previamente fracturado. Lleva alrededor de dos meses para que un fémur quebrado se cure por sí solo y, en aquel período de la historia, eso habría significado una sentencia de muerte, porque ese individuo se volvería presa fácil o moriría por las heridas de la fractura.

El fémur fracturado muestra que, para que esa persona sobreviviera, otros seres humanos de su comunidad lo/la cuidaron a fin de que se cure. Hay por lo menos dos lecciones clave que se pueden sacar de este relato. Primero, que la buena salud es fundamental para la vida. Como observó hace algunos años Kate Gilmore, alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, el derecho a la salud solo está detrás del propio derecho a la vida. Si puedo añadir, la buena salud es necesaria para vivir una vida de calidad.

La segunda lección es la naturaleza social de los servicios de salud. Contrariamente a la ideología neoliberal difundida por figuras como Margaret Thatcher, ex primera ministra británica, que “la sociedad no existe”, la vida real muestra que la atención a la salud es un servicio público. Esta requiere la provisión social de recursos materiales, financieros y humanos. Era el caso hace 15.000 años. Y lo es más aún en la actual sociedad de masas.

Establecer el acceso al cuidado de la salud como un derecho

En 1946, la salud fue definida en el preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de dolencia o enfermedad”. Ese documento histórico fue más lejos aún al definir el derecho a la salud claramente como “el goce del estándar de salud más alto que se pueda alcanzar”.

Dos años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reafirmó ese principio. En el Artículo 25 dice: “Todas las personas tienen el derecho a un estándar de vida adecuado para la salud y el bienestar propio y de su familia, incluyendo comida, ropa, vivienda y cuidado médico, además de los servicios sociales necesarios”.

Esto establece el marco para la inversión masiva en servicios de atención a la salud por parte de los gobiernos de los países en distintas partes del mundo. En 1948 se fundó el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra. En 1952 Chile aprobó importantes leyes de cuidado de la salud para promover la provisión equitativa de servicios de salud. Varios otros países incluyeron el derecho a la salud en sus constituciones.

El corpus del derecho internacional de los derechos humanos fue expandido en 1966 con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este remarcó la importancia de los gobiernos como encargados de hacer cumplir el derecho a la salud. Fueron llamados a “adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, promocionales, entre otras, para la total realización del derecho a la salud”.

Por ese tiempo, la mayoría de los países de África, el último continente en romper con las cadenas del colonialismo, conquistaron su independencia. Ellos se comprometieron asimismo a financiar los servicios de cuidado de la salud como una prioridad. El consenso global era el de la centralidad del Estado en la provisión de la atención a la salud para un número creciente de personas, hasta alcanzar el cuidado universal de la salud.

La economía keynesiana en Occidente y la economía desarrollista del Sur global, que era llamado el “Tercer Mundo” en esa época, conformaban la ideología dominante que informaba a las políticas gubernamentales. Éstas promovían la perspectiva de que el Estado debía ser el garante del desarrollo social y económico. Desde esa perspectiva, los Estados de bienestar en los países económicamente desarrollados y diferentes formas de Estado desarrollista en el Sur global persiguieron el alcance de la salud para todos.

Las desigualdades sociales (incluida la de salud) dentro de los países eran mucho más reducidas. Pero siglos de colonialismo y explotación imperialista continuada en los países del Tercer Mundo, organizados como el Movimiento de No Alineados, condujo al llamado de un Nuevo Orden Mundial en 1973.

La OMS y la UNICEF organizaron una Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Alta, capital de Kazajistán, que formaba parte entonces de las Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 6 a 12 de septiembre de 1976. En dicha conferencia se emitió la histórica Declaración de Alma-Ata, en la que los líderes del mundo se comprometieron a alcanzar la “Salud para Todos” para el año 2000.

El tercer párrafo de la Declaración era muy claro: “El desarrollo económico y social, basado en un Nuevo Orden Económico, es de importancia fundamental para el alcance completo de la salud para todos y para la reducción de la brecha existente entre el estado de la salud en los países en desarrollo y en los desarrollados”.

El neoliberalismo hace retroceder el logro del derecho a la salud

El fin de los años 1970 marcó el inicio del fin de la era keynesiana de la segunda posguerra y diseminó el neoliberalismo por todo el mundo. Esa encarnación más furiosa del capitalismo, basada en la economía neoclásica presiona por la commodificación de absolutamente todo, incluida la salud, la asistencia social y el ambiente. Fue experimentada por primera vez en Chile tras la sangrienta derrocada del gobierno progresista del Dr. Salvador Allende.

Para los años 1980, se había convertido en el marco ideológico dominante para la formulación de políticas económicas y sociales de los gobiernos y las instituciones internacionales. Mientras los líderes del mundo seguían declarando que la atención de la salud era un derecho humano fundamental, sus acciones lo transformaban en un sueño imposible.

La privatización y la comercialización del cuidado de salud se convirtió en la norma. Esto asume diferentes formas, empezando por la introducción de tarifas en los hospitales públicos a principio de la década de 1980, basada en los consejos de Banco Mundial a los gobiernos de los países en desarrollo. Se incluyó además la tercerización y subcontratación de servicios de salud a empresas privadas con fines de lucro y alianzas público – privadas.

Los acuerdos de libre comercio también fueron usados para liberalizar los servicios sanitarios, abriéndolos a los intereses corporativos. Esto ayudó al crecimiento de compañías multinacionales de salud, corporaciones farmacéuticas y firmas de seguro privado de salud. Estos proveedores privados no están para nada interesados en entregar un servicio de salud basado en los derechos humanos, sino que ven al sector de la salud como uno de los sectores económicos de mayor crecimiento, con un valor estimado de 5,8 billones de dólares.

Las consecuencias de esta situación preocupante, incluso anteriores a la pandemia de COVID-19, son que al menos mil millones de personas no acceden a servicios de salud, 150 millones de personas son lanzadas a un estado de catástrofe financiera cada año debido a gastos en salud, 2.600 millones de personas no tienen acceso a agua potable y saneamiento básico, y los trabajadores y trabajadoras de la salud son mal remunerados y trabajan de más.

La ISP ha sido una voz cantante en el mundo contra la commodificación y mercantilización de la salud. El 12 de diciembre de 2016 lanzamos una campaña global por el Derecho Humano a la Salud, por un cuidado de salud público universal. A nivel global, realizamos un trabajo de advocacy entre las organizaciones internacionales por el acceso universal a un servicio de salud de calidad. Las afiliadas a nivel nacional y las redes regionales de sindicatos del sector de la salud han recibido apoyo para luchar por el aumento de la financiación pública y entrega de servicios de salud.

También vinculamos los ataques a la realización del Derecho a la Salud a otros elementos del régimen global neoliberal. Por ejemplo, los países en desarrollo carecen de recursos para financiar adecuadamente los servicios públicos de salud porque las corporaciones multinacionales los están desangrando. Así, hacemos campañas por la justicia fiscal. Las multinacionales deben pagar su parte justa de impuestos para que los gobiernos sean capaces de proveer servicios públicos de calidad, entre ellos la salud y la asistencia social.

Las corporaciones están lucrando con la pandemia. Por ejemplo, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson esperan un rédito de 130 mil millones de dólares de la venta de vacunas en 2021 y 2022. Pero el grueso de los fondos usados para financiar el desarrollo de esas vacunas era público. Las ganancias exorbitantes que están teniendo deberían haber sido utilizadas para ofrecer servicios de salud a las personas.

En conclusión: la lucha continúa

La salud es el corazón de nuestro bienestar individual y social. No fue sólo Margaret Mead quien resaltó el vínculo entre la atención a la salud y la civilización. Preston Slosson, un gran historiador de las civilizaciones, también señaló que el primer test para medir cuán civilizada es una sociedad es el estado de su salud pública.

En las sociedades precapitalistas, más allá del rígido sistema de estratificación social, se podría argumentar que no había ni recursos suficientes para asegurar salud para todos, ni un contexto discursivo de derechos para designar a la salud como derecho humano fundamental. Ninguno de esos argumentos existe hoy. Al contrario, hay riqueza social más que suficiente en el mundo para que todo hombre, mujer y niño/a “disfrute del más alto estándar de salud alcanzable”. Y este derecho ha sido formalmente reconocido como norma universal hace más de siete décadas.

Pero los derechos no se conquistan sólo con declaraciones. De hecho, tales declaraciones emergen de la lucha y, para mantener o conquistar los derechos humanos que éstas declaran cuando hay retrocesos como los que estamos siendo testigos hoy con la contrarrevolución neoliberal, debemos enarbolar nuestros argumentos, movilizarnos y luchar.

Como trabajadores y trabajadoras, tenemos una historia rica de lucha en la cual inspirarnos. Debo apuntar que décadas antes que se formara la OMS, el movimiento de la clase trabajadora estaba al frente de la lucha por la salud para todos. En los años 1900, como muestran Anne Emanuelle Birn y Laura Nervi, los movimientos de trabajadores en América Latina “incorporaron demandas de cuidados de salud a sus luchas por mejores condiciones de trabajo y de vida”.

Les debemos esto a quienes vinieron antes de nosotros y nosotras, a la posteridad y a nosotros/as mismos/as: emprender la lucha por la plena realización del derecho a la salud, y hacer nacer una sociedad más justa e igualitaria, con toda la fuerza que podamos. El futuro se abrirá paso como futuro plenamente civilizado si luchamos por nuestros derechos hoy. ¡Si nos atrevemos a pelear, nos atreveremos a vencer!