La crisis mundial del Covid 19 nos entregó importantes lecciones que no podemos olvidar, señala la máxima autoridad de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), organismo que agrupa a más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras en 154 países del mundo. Esta entrevista, analiza el panorama actual de la administración pública y los principales desafíos que tienen los sindicatos y funcionarios del servicio público frente a los intentos de gobiernos y multinacionales por debilitar y precarizar sus condiciones de trabajo.

En 1999, la OIT entregó al mundo el concepto de trabajo decente, constituido básicamente por cuatro pilares; el empleo, la protección social, el derecho de lxs trabajadores y el diálogo social. Desde tu visión global, ¿Tienen, hoy en día, trabajo decente lxs trabajadores de la administración pública en el mundo?

Aunque los trabajadores de la administración pública siguen estando entre quienes gozan de condiciones más favorables en el mundo del trabajo, su situación ha cambiado muchísimo en los últimos años, principalmente por el impacto de las políticas de austeridad, de centralización y de recorte de presupuestos públicos. De manera que más y más personas siguen trabajando para la administración pública, pero muchas veces con condiciones que no corresponden a un trabajo formal público.

La externalización, la contractualización de los servicios, la mercantilización de los servicios públicos ha afectado las relaciones de trabajo y cada vez más trabajadores tienen contratos a tiempo limitado, sin una relación permanente con la administración. Esto ha cambiado mucho la naturaleza de trabajo en el sector público también. Ha empeorado las condiciones de trabajo, el salario y esto, efectivamente, ha ido en contra de los principios básicos del trabajo decente, tal como lo define la OIT.

¿Cómo afecta este tipo de trabajo -precario- a lxs jóvenes y a las mujeres en la Administración Pública?

Si bien no es la misma realidad en todos los países, en muchos casos, los jóvenes quedan fuera de la administración pública, por un tema de recorte al presupuesto público. Para dar un ejemplo, recientemente vi unos datos de empleo en el sector público de Italia, en que el promedio de edad de los trabajadores públicos contratados es de 58 años. Esto porque desde fines de los años 80, existe una prohibición de hacer nuevos contratos, así que los nuevos empleaos se hacen a través de cooperativas, compañías privadas o contratos de un año, renovables, pero no hay empleo permanente.

Y ahora que empezó el impacto de la digitalización se dan cuenta que la falta de trabajadores jóvenes es un hándicap muy fuerte para dinamizar el proceso de digitalización del sistema público. En el caso de las mujeres, esto impacta porque los primeros servicios que se deciden externalizar son aquellos donde hay mayoría de trabajo femenino, por ejemplo, en el sector del cuidado, servicios de alimentación y aseo en las escuelas y lugares de trabajo. Y ahora lo vemos también en el trabajo más calificado, como el de las enfermeras, en que también hay mucha externalización. Esto afecta las condiciones de trabajo de las mujeres, sin duda, desde el punto de vista del salario, pero también en sus condiciones laborales.

Adicionalmente, cuando hay reducción del empleo en el sector público, las mujeres son las primeras que se van. Esto pasa en todos los sectores.

¿Cuál es el rol de los servicios públicos en la vida de las personas y por qué lxs trabajadores que prestan estos servicios deberían tener mejores condiciones de trabajo?

Hay estadísticas que explican el impacto de los servicios públicos en la calidad de vida de las personas. En primer lugar, está el hecho de que, si tienes una necesidad que afecta un derecho fundamental de las personas, los servicios públicos son los únicos que pueden asegurar que se puede gozar de este derecho. Los privados tienen otra misión, que es el lucro, el mercado, no es el bienestar de la comunidad.

Los servicios públicos también tienen una función de regulación del mercado laboral, en un sentido más macro. Porque si hay condiciones de trabajo decente, con buenos salarios y condiciones de trabajo en el sector público, eso permite establecer un parámetro para el sector privado.

Por otro lado, los servicios públicos que funcionan dan una garantía al desarrollo de la economía local, porque si funcionan los transportes, las escuelas, la salud, el seguro social, hay una protección para la comunidad en general y hay un soporte también a la economía privada. Esto ha quedado clarísimo durante el primer confinamiento del Covid, cuando la mayoría de los países tomó la decisión de entregar subvenciones y apoyos a la economía privada, con un apoyo del servicio público a las comunicades que nunca habíamos visto en el pasado, con tanta participación.

Finalmente hay otro factor que no es tan importante en los países ricos, pero sí en los países en los más pobre o en desarrollo. La OCDE dice que, en estos países, la facultad de acceso a servicios públicos universales es equivalente al 64% de un salario disponible. Es decir, hay una diferencia enorme entre tener la posibilidad de acceder a los servicios públicos o no. Por eso es muy importante garantizar el acceso universal a los servicios públicos de calidad. Y para eso es necesario que los trabajadores tengan las mejores condiciones posibles; de formación, de preparación, de salario, con horarios regulados, porque especialmente en los sectores donde hay una relación directa con el usuario, si existe mucha presión, claramente se pone en riesgo la calidad de la atención y, a veces, la vida de las personas, como en el caso de los servicios de salud. Esta es la razón fundamental de por qué los servicios públicos contribuyen al bienestar de la comunidad.

Anteriormente señalabas que los servicios privados tienen como objetivo principal obtener ganancias, no el bienestar de la comunidad. En ese sentido, ¿Cómo podrían afectar las alianzas público-privadas al trabajo decente de lxs funcionarios públicos?

Cuando recién comienzan estas alianzas, los privados aseguran que van a garantizar los derechos y salarios, tal como están.

En mi experiencia personal, muchas veces hemos negociado mantener las mismas condiciones de trabajo a los funcionarios de servicios que se han privatizado o convertido en asociaciones publico privado. Pero normalmente, estos acuerdos se aplican a los trabajadores que transitan del sector público al privado y no se aplican a los nuevos empleados. Esto termina creando una situación binaria, que divide a los trabajadores y afecta la unidad del mundo del trabajo, la capacidad de tomar decisiones o iniciativas de lucha. Y al final es la causa de la disminución de las condiciones de los derechos de los trabajadores para todos.

Además, este tipo de alianzas provoca un impacto en los presupuestos públicos. Y este es un tema que nunca se evalúa cuando hay revisiones de contratos. Pero hacer un contrato con un privado, al que el sistema público le tiene que garantizar ganancias durante 20 años por su actividad, es una causa del endeudamiento público.

¿Cómo podría influir la campaña global de la ISP sobre los servicios públicos, para que esta cruda realidad de la privatización y del empleo privado cambie?

En primer lugar, es esencial que esta campaña pueda salir de los lugares de trabajo y se masifique.

Divulgar a los ciudadanos, a los usuarios de los servicios, a la política, dar a todos un mensaje general, que no es la defensa de los intereses particulares de los trabajadores públicos, sino que tiene que ver con la experiencia que nos dejó la pandemia. En primer lugar, que la situación de los países con servicios públicos fuertes de salud ha sido muy diferente de la de aquellos que no los tienen. Segundo, que cuando existe la necesidad, no es verdad que los gobiernos no puedan tomar decisiones o invertir dinero, porque durante la pandemia, se invirtieron millones de dólares para apoyar a los servicios públicos, dar subsidios a las empresas, empleo a los trabajadores, etc. Entonces, quedó demostrado que sí se puede, cuando se trata de ayudar a sostener la vida de las personas y las comunidades.

Por eso, es muy importante que utilicemos toda la experiencia de este periodo, rescatar ejemplos de países o lugares concretos, para demostrar que sí se puede hacer la diferencia con servicios públicos de calidad. Y si bien el discurso público global sigue favoreciendo los grandes intereses económicos, a los privados, me parece que los jóvenes están sosteniendo valores diferentes, en temas como la salud, la educación, el medioambiente y no creen que el interés del capital pueda ayudar a resolver la crisis climática que estamos enfrentando.

Hay quienes argumentan que las tasas de crecimiento económico por debajo de lo esperado, debido a la crisis del Covid, podrían afectar la capacidad de los estados para mantener y/o generar empleos de calidad. ¿Cuál es la respuesta de la ISP frente a ello?

No creo que afecte, porque la idea de crecimiento económico que se ha establecido en los últimos años es la de los grandes intereses económicos, el de las grandes compañías. No es el crecimiento de la economía global. Así es que pienso que mejor sería empezar a discutir sobre el concepto de desarrollo. Porque todo crecimiento tiene un límite, incluso en la naturaleza. No puede ser que la economía siga creciendo ilimitadamente. Además, en los últimos años, lo que ha crecido es la economía virtual, la financiera, la de los fondos buitres, No es la economía real, de producción de bienes.

Ese argumento, además, nos aleja del Objetivo 8 (ODS) de la ONU, que tiene que ver con un crecimiento sustentable, inclusivo, empleo pleno y trabajo decente.

Lamentablemente, nunca se considera a los servicios públicos como un factor de crecimiento económico, sino solo como un gasto público, cuando ellos aportan un 6% de la tasa de crecimiento y más del 10%, en el sector salud. De hecho, el sector salud es el único que siguió creciendo durante la crisis económica del 2008.

Los servicios públicos deben ser un factor que se considere en la evaluación del crecimiento económico. Aún más si queremos evaluar el desarrollo integral de un país, no solo su economía. Los servicios públicos son también el trabajo más amigable con el medio ambiente que existe, este es otro factor debiera tenerse en cuenta. Hay muchas cuestiones que tenemos que valorizar en ese sentido. Por ejemplo, un sistema judicial efectivo tiene un impacto muy positivo en la tasa de crecimiento económico o de inversiones en un país, que usualmente no se considera.

Por el contrario, en un sistema judicial público muy corrupto, nadie va a querer invertir.

¿Qué otras lecciones podríamos sacar de la pandemia? ¿Cuál es el llamado que hace la ISP en la era pre y post Covid?

Bueno, ya hemos hablado de la importancia de los servicios públicos y de que en esta crisis muchos gobiernos fueron capaces de tomar decisiones considerando el bienestar público, por sobre los intereses económicos o privados.

Los servicios públicos deben ser un factor que se considere en la evaluación del crecimiento económico.

Una tercera lección es que la globalización no solamente afecta en lo financiero, sino que también en ámbitos muy concretos, tales como enfrentar o detener la pandemia. Hasta que no decidamos que todo el mundo debe tener acceso a la vacuna, no creo que podamos detenerla, en este mundo globalizado. Esto implica que tendremos que repensar el modelo de desarrollo económico/social, porque un aspecto está conectado con el otro.

La ISP lleva años trabajando en temas de justicia financiera y en contra de los tratados de libre comercio. ¿Qué tan actuales son estos temas hoy en día?

Son temas muy actuales. El tema tributario se orienta a establecer un mínimo de equidad, de justicia en nuestra sociedad, entre las personas y también para buscar los recursos que sean necesarios para reactivar la sociedad, después de dos años de pandemia Hemos dado algunos pequeños pasos en la dirección justa, pero como ISP no podemos declararnos satisfechos con la declaración del G20.

Si bien aprobar un impuesto mínimo global de 15% a las multinacionales parece interesante, si se piensa que hasta ahora las empresas digitales han lucrado enormemente y no pagan nada, es poco.

Debería ser alrededor de 25%. Pienso que podemos hacer más en este sentido, acabar con los paraísos fiscales y con la competencia en temas tributarios entre los países, porque eso es lo que estimula los paraísos fiscales. Tenemos un poco de tiempo aún para presionar a los gobiernos para que pueda haber un impuesto mínimo global, que sea suficiente para garantizar los recursos necesarios a todos los países.

En el tema de los tratados de libre comercio, creemos que la experiencia que hemos tenido durante el primer confinamiento, con las patentes de las vacunas y cuando no había posibilidad de comprar protecciones individuales o equipos para la protección de enfermos, porque la cadena de suministro no ha funcionado, son los mejores ejemplos de la necesidad de hacer una revisión fundamental al sistema del libre comercio.

¿Qué herramientas tiene el sindicalismo global para hacer frente a la precarización del empleo y a los constantes ataques contra los sindicatos?

Las herramientas que tienen los sindicatos a nivel global es hacer presión y gestiones en conjunto con organizaciones internacionales para que los derechos de los trabajadores sigan estando al centro de una política sustentable de desarrollo y de reducción de la pobreza. A nivel nacional, los sindicatos tienen que participar de manera más efectiva en la vida de los sindicatos globales, en particular, en la vida de la confederación, para contribuir con su experiencia nacional al nivel global.

¿Qué papel juega la unidad de los sindicatos?

Es fundamental, particularmente a nivel nacional.

Si hay división, competencias, no hay ninguna herramienta para alcanzar los derechos de los trabajadores.

«Es fundamental el trabajo de protección a los sindicatos de trabajadores en situaciones más difíciles o precarias, donde hay represión y prohibición de organizar sindicato.»

Le estamos dando las herramientas en la mano a los empleadores para que hagan únicamente lo que a ellos les conviene.

¿Qué está haciendo la ISP para hacer frente a estos ataques a los sindicatos? Podrías darnos algunos ejemplos concretos.

Este es un punto central del trabajo la ISP, desde la conferencia de la OIT, hasta la creación de la comisión de mujeres en la ONU y el trabajo que estamos haciendo con la OMS sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud, desde el cuidado.

También es fundamental el trabajo de protección a los sindicatos de trabajadores en situaciones más difíciles o precarias, donde hay represión y prohibición de organizar sindicatos, consiguiendo el apoyo de la OIT, como ha sido en Guatemala. Hemos hecho decenas de intervenciones frente a gobiernos que toman decisiones contra los sindicatos, entre ellos, Argelia, Nigeria y Uganda.

Si bien no es la misma realidad en todos los países, en muchos casos, lxs jóvenes quedan fuera de la administración pública.

En este último país nos organizamos junto a Educación Internacional para ver la posibilidad de detener la privatización del sector salud y educación.

Otro ejemplo es Kenia, donde – en plena pandemia- el gobierno decidió despedir a los médicos que protestaron por la falta de protección personal. Al final, con la presión de la ISP y organizaciones internacionales, se logró revertir esta decisión. Hay bastantes casos de este tipo y en ese sentido, creo que hemos sido la unión global más explícita en defender los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, como el derecho a huelga, entre otros temas.